Domingo, 12 Julio 2020

La integridad del Ávila está en suspenso

No sólo lesiones físicas contra el patrimonio natural implica la medida sugerida recientemente por el presidente Hugo Chávez de aumentar de 120 a 200 metros la cota permitida para la construcción de viviendas en la zona norte del Parque Nacional Waraira Repano. Su condición está protegida no sólo por la conciencia ciudadana, sino por un fuerte marco jurídico, cuya violación constituye delito penalizado con altas multas e incluso cárcel.



Alexander Luzardo, abogado especialista en ambiente y ex presidente de la Comisión de Ambiente del Senado en el otrora Congreso Nacional, explica que son muchas las leyes que se estarían quebrantando con esta decisión gubernamental: "La Constitución Nacional tiene un apartado exclusivamente para salvaguardar los derechos ambientales. El artículo 127 especifica que el Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El Gobierno no está honrando ese compromiso", indicó.


Además de la Constitución Nacional, hay otros documentos que juegan un papel importante en la protección y salvaguarda, no sólo del Ávila, sino de todos los parques y monumentos naturales que tiene el país.


"La Ley de Orgánica para la Ordenación del Territorio, promulgada en 1983, especifica en su artículo 17 que las áreas bajo régimen especial serán adoptadas por decreto presidencial, pero también especifica que no es el Presidente quien las desafecta. El primer mandatario puede proponer, pero la decisión es competencia de la Asamblea Nacional, previa presentación de un informe presentado por un organismo como el Instituto Nacional de Parques o el Ministerio de Ambiente, que contenga razones lógicas y verificadas que justifiquen que la intervención total o parcial de un parque beneficia más a la nación que su protección. Eso no es algo sencillo de explicar, porque el patrimonio natural es un derecho considerado como transgeneracional. No cualquier argumento puede sostener una decisión como la que quiere tomar el presidente Chávez", dijo Mario Gabaldón, especialista en parques nacionales de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela.


Entre los documentos con valor legal que se estarían violando si se llegase a acatar de manera arbitraria la decisión del Gobierno Nacional sobre la intervención de más de 200 hectáreas de terreno en la zona norte del Ávila, están la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación; la Convención para la Protección de la Flora y Fauna y las Bellezas Escénicas de América -que también se conoce como el Convenio de Washington, firmado en 1940 y en el que todos los países del continente expresan su deseo de conservar y proteger sus zonas y paisajes naturales-; y el Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, firmado en 1992.


Es más, la Ley Penal de Ambiente establece pena de cárcel para el funcionario público que autorice la construcción de obras violando los planes de ordenación del territorio vigentes. "La cota 120 está allí por razones técnicas, nada más. Yo me pregunto quién va a ser el responsable de las vidas que se pierdan cuando en la primera vaguada, se venga el cerro sobre las casas que quieren construir. ¿Quién va a ser penalizado por eso?", cuestionó Gabaldón.


Sin nuevas propuestas


"Pareciera que el presidente está mal asesorado", dijo Diego Díaz Martín, presidente de la organización no gubernamental ambiental Vitalis. "Hace cinco años, el actual ministro de Ambiente, Alejandro Hitcher explicó por qué no era posible intervenir zonas de las cara norte de la montaña para construir y ahora dice que sí es posible. Para que se puedan tomar decisiones como ésta, hay que contar con un equipo que esté realmente preparado y que mantenga sus posiciones", aseveró.


En 2005, Alejandro Hitcher dijo a El Nacional que construir viviendas más arriba de la cota 120 era prácticamente imposible debido, entre otras cosas, a que no se puede transportar agua potable por encima de esa altura.


"Hay un empeño en agredir los parques nacionales, no en mantenerlos. La solución al problema de la vivienda no es invadir y vulnerar los parques, sino buscar espacios seguros que sean capaces de albergar a la gente sin someterlos al hacinamiento que ya existe en las grandes ciudades", expresó Díaz Martín.


En Venezuela, el Parque Nacional Henry Pitier fue el primero en ser decretado, el 13 de febrero de 1937. Desde entonces y hasta la fecha se han decretado 43 parques nacionales, 21 monumentos naturales y varias otras figuras de protección. "El Gobierno de Hugo Chávez no ha creado ninguno en sus 12 años de gestión. ¿Este es el aporte natural que él le está dejando al país? Debe ser revisado", arguyó Luzardo.

EL NACIONAL.

Por Andrea Small Carmona

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